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quarta-feira, novembro 25, 2020
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En 20 años, Brasil instauró 155 investigaciones usando la Ley de Seguridad Nacional

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El 15 de junio, el ministro de Justicia, André Mendonça, pidió a la Policía Federal y a la Fiscalía General de la República que investiguen al periodista Ricardo Noblat con base en la Ley de Seguridad Nacional (LSN), por haber publicado un dibujo del caricaturista Renato Aroeira. La medida, que fue criticada por diversas organizaciones, ha sido cada vez más común en Brasil.

Dados de la Policía Federal, obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI), vía colectivo Fiquem Sabendo, muestran que en los últimos 18 meses se abrieron 41 investigaciones con base en la LSN, 26 en 2019 y 15 en el primer semestre de 2020. Desde enero de 2000 hasta 7 de junio de 2020, el Estado brasileño instauró 155 procesos para investigar posibles violaciones de la ley. En 2018, el expediente fue utilizado por 19 veces, record anterior.

La atribución de investigar los crímenes determinados en la LSN es de la Policía Federal, que puede ser provocada por el Ministerio Público Federal, el Supremo Tribunal Federal (STF) o el ministro de Justicia. Marcelo Uchôa, doctor en Derecho Constitucional y miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), recuerda que la ley fue creada en el período militar (1983) y que garantiza el “blindaje de autoridades públicas.”

“Es un absurdo que estemos naturalizando esto. Desde el punto de vista de la izquierda, veo a mucha gente conmemorando la incriminación de delicuentes como Sara Winter en la LSN, eso es un error. Más que nunca, tenemos que denunciar esta ley. Además, una ley casi muerta pasó a sobrevida, una ley que tiene en su DNA la persecución contra la oposición política”, afirma el jurista.

En la mañana del 15 de junio de este año, la Policía Federal hizo cumplir un pedido de prisión temporal expedido por el ministro del STF, Alexandre de Moraes, contra la bolsonarista Sara Fernanda Giromini, también conocida como Sara Winter, en el ámbito del proceso que se tramita en esa Corte para investigar la organización de actos antidemocráticos. El magistrado emitió el mandato con base en la LSN.

En septiembre de 2019, el ex ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro pidió que la Policía Federal usara, también, la LSN para abrir un investigación contra el ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, después de que el petista afirmara, en un vídeo divulgado en sus redes sociales, que el gobierno actual seria “miliciano”:

“La derecha está tratando de destruir todo lo que hicimos. Aquí en Brasil vamos a tener que levantar la cabeza y luchar. No es posible que un país del tamaño de Brasil tenga el disgusto de tener en el gobierno a un miliciano responsable directo por la violencia contra el pueblo pobre, responsable por la muerte de Marielle [Franco], responsable por el impeachment de Dilma, responsable por mentir respecto a mí”, afirmó Lula. La Policía Federal no aceptó el pedido y afirmó que no hubo una postura que “configure crimen previsto en la Ley de Seguridad Nacional.”

Brasil de Fato compiló datos utilizando el criterio de búsqueda de la Ley n º 7.170, del 14 de diciembre de 1983, que define los crímenes contra la seguridad nacional / Arte: Fernando Bertolo/Brasil de Fato

Uso político

Juristas acostumbran a criticar la ley por ser vaga y susceptible de interpretaciones diversas, lo que autorizaría el uso de su texto para “intimidaciones políticas”. “Ella es muy vaga en los conceptos, entonces permite que una expresión contra el presidente de la República sea interpretada como una difamación. Permite, por ejemplo, que una manifestación pacífica se convierta en un crimen”, explica Uchôa.

En su primer artículo, la LSN determina que están sujetos a penalidad los que “hirieran” o expusieran a “peligro de lesión” la integridad territorial y la soberanía nacional, así como los jefes de los poderes del Estado. Para Fernando Hideo, abogado criminalista, la ley debería ser extinta.

“Es una ley que da margen para ese tipo de persecución, por el carácter abierto de los tipos penales, por no describir adecuadamente las conductas que podrían atentar contra la existencia del Estado de Derecho. Esta legislación acaba, naturalmente, siendo manipulada para intimidación política. Es incompatible con la Constitución de 1988, no puede sobrevivir en un Estado democrático de Derecho”, explica el defensor.

Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil, la abogada Luzia Paula Cantal condena la “vulgarización de esta cantidad exagerada de investigaciones” en el período de la gestión del actual presidente.

“A partir del gobierno de Bolsonaro, especialmente durante el año de 2020, presenciamos el uso intenso de este dispositivo legal, en un intento de acallar grupos políticos o ciudadanos contrarios al gobierno de Bolsonaro. La LSN, no establece parámetros precisos que puedan garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de manifestación. El Estado no puede utilizar la LSN para imponer la restricción de la libertad de expresión o la censura”, finaliza.

Los datos de la Policía Federal muestran que el número comienza a subir en 2015, cuando se abrieron 13 investigaciones con base en la LSN. Hideo considera que este crecimiento tiene vinculación con el animado clima político del país y las frecuentes manifestaciones en las calles.

“Percibimos que, desde junio de 2013, con las protestas populares que fueron manipulados por los sectores hegemónicos, para desaguar en esa supuesta lucha contra la corrupción, que resultó en la Lava Jato, en el impeachment de Dilma Rousseff y en la prisión de Lula, pero el hecho es que esa crisis política instaurada desde 2013 fomentó las protestas populares y la respuesta a ellas ha sido, frecuentemente, la Ley de Seguridad Nacional”, explica.

Antecedentes

Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), en 2000, nueve agricultores del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) de Paraná y otros dos en Mato Grosso, fueron incriminados en la LSN, debido a una serie de ocupaciones de predios públicos. El pedido salió del ministro de Justicia de la época, José Gregori.

Pero en 2006 vino la investigación más emblemática, cuando el Ministerio Público Federal propuso una investigación contra 116 militantes del Movimiento por la Liberación de los Sin Tierra (MLST), cuando el grupo ocupó las galerías de la Cámara de Diputados y se enfrentó a los guardias de seguridad de la Casa.

Edición: Rodrigo Durão Coelho

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