Desde finales de abril, las calles en Colombia huelen a gas lacrimógeno. El Gobierno del presidente Iván Duque impuso políticas que hicieron que los costos de la pandemia recayeran sobre la clase obrera y el campesinado, además de intentarsofocar cualquier avance de los Acuerdos de Paz de La Habana de 2016. El descontento acumulado se expresó en una serie de protestas callejeras, que han sido reprimidas con dureza por el Gobierno. Estas protestas, nos decía en una entrevista Rodrigo Granda, del partido Comunes de Colombia, “se definen por la amplia participación de jóvenes, mujeres, artistas, religiosos, indígenas, afrocolombianos, sindicatos y organizaciones de los barrios de los pobres y de la clase trabajadora. Prácticamente toda Colombia hace parte de la lucha”. Un abanico de reivindicaciones concretas define la protesta: agua corriente y escuelas, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la ampliación de las posibilidades democráticas.
El partido Comunes fue fundado en 2017 por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Granda, conocido internacionalmente por su antiguo papel como “canciller de las FARC-EP”, hoy forma parte de la dirección nacional del partido. Como partido político legal, Comunes es un producto directo de los Acuerdos de Paz suscritos por el Gobierno Colombiano y las FARC-EP el año 2016 en La Habana, Cuba. Durante los últimos dos años, los miembros de Comunes han estado en las calles, junto a sus compatriotas, luchando por llevar la democracia a la economía y la política del país. Granda nos habló de las protestas en curso y nos ayudó a situarlas en el contexto de la larga historia de la resistencia en Colombia.
La violenta oligarquía colombiana
Las protestas actuales recuerdan a Granda el paro cívico nacional de 1977, del que hizo parte, pero con una diferencia: “entonces”, dice, “no había solidaridad internacional”, ahora, la atención mediática mundial a la lucha de Colombia permite a la gente de su país “no desfallecer” en una pelea difícil. La huelga de 1977 surgió de una larga lucha contra la oligarquía del país.
Años antes de la huelga, Granda observaba con atención las elecciones colombianas de abril de 1970. Esperaba que ganara el ex presidente y general Gustavo Rojas Pinilla, de la Alianza Nacional Popular (ANAPO). Rojas Pinilla no era un hombre de izquierda, pero ofrecía al país una salida de las garras de la oligarquía colombiana. Jóvenes como Granda esperaban que una victoria de la ANAPO en Colombia y, más adelante, la victoria de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, contribuyeran a cambiar el carácter de la política sudamericana. Pero la victoria de Rojas Pinilla se vio envuelta en un fraude, y aunque Allende ganó las elecciones, fue expulsado del poder en 1973 a través de un golpe de Estado. Mirando hacia atrás en estos 50 años, Granda nos dijo que siente una “frustración interna” por el robo de aquella elección en 1970 y el tortuoso camino que ha tenido que recorrer su país desde entonces.
La pelea ha sido tan difícil porque el bloque gobernante de Colombia ‒ incluyendo a Duque ‒ no está dispuesto a participar honestamente en una agenda democrática. Ninguno de los principales partidos políticos que han controlado el Estado ‒ desde 1948 hasta hoy ‒ ha estado dispuesto a ningún tipo de cambio. La asfixia de la política desde entonces y el asesinato rutinario de líderes políticos llevaron a la izquierda ‒ a través de las FARC-EP y otros grupos ‒ a asumir la lucha armada en 1964. Las FARC han solicitado al bloque gobernante, de forma regular, que inicie negociaciones, pero con poco éxito. Sin embargo, las conversaciones con el presidente Belisario Betancur, en 1982, abrieron el camino al Acuerdo de La Uribe de 1984, que permitió un alto al fuego entre 1984 y 1987. Los miembros de las FARC-EP se unieron a otros de la izquierda para crear la Unión Patriótica (UP) como partido político legal. Los intentos de la UP por impulsar un programa de reformas fueron acompañados de una política de asesinatos por parte del Estado contra la izquierda organizada. Ningún sentimiento liberal genuino impregna el bloque gobernante colombiano, que se niega a compartir siquiera un mínimo de poder con otros grupos.
La situación se deterioró con la firma del Plan Colombia por parte del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y su homólogo estadounidense Bill Clinton. Esto resultó ser el inicio de una política para estigmatizar a las FARC-EP como “narcoterroristas” y llevar a cabo una guerra de exterminio contra los rebeldes. Por cierto, fue el padre de Pastrana quien robó las elecciones de 1970 a Rojas Pinilla. La brutalidad caracterizó el enfoque del Estado colombiano hacia las FARC y hacia cualquiera que cuestionara sus políticas. Poco a poco, el bloque gobernante fue dirigido por hombres cada vez más despiadados, aunque ninguno más que el presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Uribe, nos dijo Granda, “prometió exterminarnos [a las FARC] en cuatro años, pero no pudo”.
Acuerdos de paz
Granda entiende por qué la paz tuvo que definir la agenda hace una década. “Tras el fracaso del Plan Colombia y el estancamiento de la guerra”, nos dijo, “no pudimos derrotar al ejército colombiano en poco tiempo, y el ejército colombiano tampoco pudo derrotar a la guerrilla en poco tiempo. Por lo tanto, era necesaria una solución política a través del diálogo.” El presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) escribió una carta a las FARC-EP diciendo que reconocía los problemas internos de Colombia y también que las FARC eran una organización política y no una organización narcoterrorista. Esto puso en marcha la negociación en La Habana que dio lugar a los Acuerdos.
Los Acuerdos establecieron un plan de reforma agraria integral y democracia, así como mecanismos de reparación para las víctimas de la larga guerra. “Dejamos las armas”, dijo Granda, “pero no nos desarmamos desde el punto de vista ideológico”. La firma de los acuerdos es sólo una parte de la ruta de las FARC-EP hacia la paz, ya que su implementación es clave para que puedan producirse otros tipos de cambios significativos. Pero la oligarquía colombiana, dijo Granda, tiene una visión totalmente diferente de lo que significa la paz. Para la oligarquía, la paz significa que las armas de las FARC se callen. “Para nosotros”, dice, “la paz significa un ataque a los factores que generan la violencia en primer lugar”. Entre estos factores se encuentran el hambre, el despojo y la frustración ante los mecanismos de la oligarquía y la dura violencia del Estado, contra la que hoy, el pueblo colombiano sigue protestando.
