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Georgina Orellano, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) me dice que “la pandemia vino a dejar en evidencia la desigualdad” en la sociedad en general, y ha profundizado los problemas de las trabajadores sexuales. Este trabajo, que no está reconocido como tal por el Estado argentino, se ha precarizado aún más, afirma.

Si bien en América Latina muchos países no cuentan con una legislación que penalice el trabajo sexual, la inexistencia de un marco legal al respecto se presta para todo tipo de abusos: según una investigación publicada por la Red de Trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe “la aplicación de las leyes se realiza de manera interpretativa y discrecional” lo que deriva en violaciones recurrentes de los derechos de las trabajadoras, entre los que incluyen: detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, discriminación en el acceso a salud y una situación de desigualdad ante la ley.

Los organismos multilaterales han exigido respuestas inclusivas para amortiguar los efectos del COVID-19. Estas respuestas no deberían descuidar a las personas que desarrollan actividades laborales recurrentemente criminalizadas, como aquellas que se dedican al trabajo sexual, pero no hay nada inclusivo en las políticas que han adoptado los diferentes Estados. “Si tenemos algo que celebrar de la pandemia” me dice Georgina, “es que dejó en evidencia – para nosotras mismas – que la única salida a este tipo de contextos es reforzar la herramienta sindical”.

La organización de las trabajadoras

Para la gran mayoría de los movimientos sindicales, es claro quién personifica el rol opresor, como los propietarios de las empresas o los directores de las fábricas; pero en el contexto de un sindicato de trabajadoras sexuales ¿quién ocupa el lugar del patrón? ¿el cliente o el Estado?

“El patrón histórico de nosotras” me aclara Georgina “fue durante mucho tiempo la policía”. Pero ella está consciente de que la policía – a su vez – juega un rol como agente del mercado. Son los cuerpos policiales quienes trabajan de facto para regular el mercado del trabajo sexual. AMMAR se formó en los años 90 para responder al deseo de acabar “con esa lógica naturalizada en nuestro colectivo de tener que hacer arreglos económicos con la policía para poder trabajar”.

“Lo que no te regula el Estado”, dice Georgina “te lo regula el mercado”. El mercado, para las trabajadoras sexuales, está condicionado por la criminalización. Como ellas carecen “de reconocimiento y derechos, surgen mercados que sobreviven a través de nuestra precarización”, afirma Georgina.

Superar el miedo para organizarse

AMMAR deriva de las primeras marchas organizadas en Argentina para exigir los derechos de las trabajadoras sexuales. Durante estas marchas, lo común era asistir con pelucas o grandes anteojos oscuros. En las entrevistas con medios, las trabajadoras sexuales negociaban con los productores para distorsionar las voces, enfocar solamente las manos o dar la entrevista de espaldas a la cámara. Todo esto, me explica Georgina “para que la familia no se entere que la que está hablando, defendiendo los derechos las trabajadoras sexuales, era la madre de uno o la hija o la vecina”.

Las trabajadoras sexuales que dan el paso hacia la sindicalización y la lucha por sus derechos laborales, llevan la carga adicional de tener que romper con los estigmas asociados al trabajo sexual. Georgina afirma que la vergüenza, el ocultamiento, el silenciamiento, son consecuencia de los prejuicios. “Básicamente” dice “no poder contar verdaderamente quién eres, por miedo a que te excluya tu entorno”.

Uno de los procesos que se desarrollan en AMMAR es el acompañamiento a las trabajadoras sexuales en el proceso de superar la automarginación. Este proceso de salir de las sombras ha abierto varias puertas. En primer lugar, permitió a muchas trabajadoras sexuales superar el estigma asociado a su trabajo. En segundo lugar, permitió a muchas trabajadoras sexuales avanzar hacia la sindicalización. En tercer lugar, está obligando al Estado a reconocer sus derechos y asumir que estos no se violan. “Aceptar que somos un sujeto existente” dijo Georgina. “Que no se vulneren solamente nuestros derechos como putas, sino, básicamente, que no se vulneren nuestros derechos como ciudadanas”.

Pandemia y trabajo sexual

Las restricciones impuestas por los Gobiernos para frenar el avance del COVID-19 atentan directamente en contra de la posibilidad de trabajar en las calles. Las cuarentenas, la distancia física y las restricciones horarias – entre otras medidas – han ido arrinconando a las trabajadoras sexuales. Muchas se volcaron hacia la virtualidad, pero quienes se han mantenido resistiendo en las calles – ya sea por sus propias preferencias laborales o por brechas tecnológicas y/o generacionales – han sufrido una avanzada de la violencia institucional.

Ante esto, la AMMAR tuvo que salir a dar respuesta, a “ocupar el rol del Estado ausente”, en palabras de la vocera. Se han enfocado en construir códigos de autorespeto para el trabajo sexual en el espacio público, redes de contención psicológica y económica, que se hacen urgentes ante la creciente cantidad de compañeras que no saben si podrán, cada mes, pagar sus rentas o alimentar a sus hijes.

Aún cumpliendo con medidas sanitarias básicas, este es un trabajo que implica un contacto estrecho. Existe mucho temor entre clientes y clientas. Algunos esperan a recibir la vacuna antes de retomar contacto, muchos también perdieron sus trabajos o disminuyeron ingresos como consecuencia de la pandemia, por lo que regatean constantemente las tarifas. “Esta es una realidad” me dice Georgina “que no nos diferencia ni a la que trabaja virtualmente, ni a la que trabaja en la calle”.

Sujetas políticas

El hecho de que las trabajadoras sexuales sean quienes han sostenido a sus pares para sobrevivir a la pandemia ha reforzado la conciencia, a lo interno de este sector laboral, sobre la importancia de la organización política y la organización colectiva, concluye Georgina. AMMAR forma parte de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA). Uno de los logros más importantes que han tenido en los últimos años, desde la perspectiva de su Secretaria General, ha sido el reconocimiento de las trabajadoras sexuales como un sujeto político.

“Durante la pandemia, nuestra organización ha hecho todo lo que tuvo que hacer como sindicato y mucho más” afirma Georgina. “Hemos dado absolutamente todo en la vida para que nuestras compañeras puedan subsistir y atravesar la pandemia en igualdad de condiciones con el resto de la población”. Esto ha sido posible gracias a la articulación estadal, tanto a nivel central como regional, y al reconocimiento de las trabajadoras sexuales como sujeto político.

“La avanzada de la ampliación de derechos, o sea, de la visibilidad de nuestros reclamos, ha generado mucha violencia por parte de algunos sectores”, agrega Georgina. “Pero también, recibimos mucha solidaridad por parte de otras organizaciones sindicales, sociales, feministas y partidarias que tendieron la mano para [estar] con las putas”.

Este artículo fue producido para Globetrotter

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