El anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, sitúa al país en la vanguardia de la lucha por la seguridad digital infantil.
Sánchez ha propuesto una prohibición tajante del uso de redes sociales para menores de 16 años, denunciando un entorno de “adicción, abuso, pornografía y violencia” que las plataformas no han sabido o querido controlar.
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La medida no se limita a la restricción de acceso, sino que introduce la responsabilidad legal directa de los directivos de las Big Tech si no retiran contenido ilegal o de odio, un cambio de paradigma que busca acabar con la impunidad corporativa en el espacio virtual.
Esta iniciativa responde a una demanda social creciente en España y el resto de la Unión Europea, donde la salud mental de los jóvenes se ha visto deteriorada por el diseño adictivo de las plataformas.
Al exigir sistemas de verificación de edad infalibles, el Gobierno español desafía el modelo económico de empresas que monetizan la atención de los menores. El debate que Sánchez ha abierto en Dubái tendrá repercusiones globales, ya que plantea si los Estados deben retomar el control de la plaza pública digital para proteger a los más vulnerables, transformando la relación entre la tecnología y el derecho civil
